AL MARGEN DE LA LEY
El artículo No.54 de la Constitución de la República Dominicana con la cual se juramentó, en el año 2004, el presidente Leonel Fernández decía lo siguiente ‘‘ El Presidente y el Vice-Presidente de la República, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional o ante cualquier funcionario u oficial público, el siguiente juramento : Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo.’’ Pero el Presidente de la República Leonel Fernández no ha sido fiel a su juramento y se ha convertido en un violador recurrente de la Constitución y las leyes que él se comprometió a cumplir y hacer cumplir.
El caso más sonado de esas violaciones fue el famoso préstamo concertado con la Sun-Land, firmado en representación del Estado Dominicano por el Ing. Félix Bautista, director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, con un poder especial emitido por el Poder Ejecutivo para tales fines, que no fue enviado a la consideración del Congreso Nacional en franca violación al articulo 37 acápite 13 de la Constitución de la República que reza lo siguiente ‘‘ Son atribuciones del Congreso autorizar o no empréstitos sobre el crédito de la República por medio del Poder Ejecutivo’’.
Por ese préstamo el Partido Revolucionario Dominicano elevó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, órgano facultado por la Constitución de la República para conocer sobre la constitucionalidad de las leyes, pero sus miembros pensando más en la preservación de sus cargos que en la institucionalidad de la nación rechazaron ese recurso.
Ese fallo pusilánime de la Suprema Corte de Justicia ha sido utilizado por el Presidente de la República Dr. Leonel Fernández como una patente de corzo para violar una series de leyes adjetivas con una impunidad que asombra. La ley general de educación, la ley que establece el 10% de los ingresos del Estado para los ayuntamientos, la ley general de electricidad , la ley que regula la comercialización de los combustibles y la ley general de administración pública, han sido objeto de modificaciones administrativas para que su ejecución se adecue al mejor parecer del Poder Ejecutivo, violando el articulo No.37 acápite 1 de la Constitución de la República que establece lo siguiente ‘‘ son atribuciones del Congreso establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión’’.
El último capítulo de esta cadena de violaciones a las leyes lo acaba de escribir recientemente el ciudadano Presidente Leonel Fernández al modificar administrativamente el artículo 20 de la ley No.392-7 sobre la competitividad e innovación industrial . Este caso está revestido de mucha gravedad y de consecuencias impredecibles para el desarrollo del país, no por el mero hecho de la violación de la ley que de por si mueve a profundas preocupaciones, sino porque el Poder Ejecutivo que se había comprometido con el empresariado, en una reunión celebrada en el Palacio Nacional, a no modificar administrativamente dicha ley, faltó a su palabra e instruyó al Director General de Aduanas, violando una vez más la Constitución de la República, a ejecutar una medida que la No.392-7 le tiene reservada a la Dirección General de Impuestos Internos, poniendo en juego la seguridad jurídica y socavando la institucionalidad democrática de la Nación.
El presidente Fernández sabe muy bien que no está facultado constitucionalmente para determinar administrativamente como se debe ejecutar una ley, pero parece que ha desarrollado una extraña y perniciosa adicción por la violación a la ley, por lo que se hace necesario que los sectores sensatos de la nación se movilicen con el objetivo de obligar al gobierno peledeista a respetar su propia legalidad.
Desde luego los empresarios dominicanos, a pesar de su contundente comunicado de protesta, no iban a elevar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, puerco no se arrasca en javilla, ya se anunció que 35 de las principales industrias del país, cuyos presidentes viven pontificando acerca de la seguridad jurídica y el estado de derecho, han pactado, con el gobierno que preside Leonel Fernández, quien a través de su Fundación Global vive, casi a diario, patrocinando conferencias magistrales y seminarios sobre constitucionalidad, institucionalidad democrática y otras monsergas jurídicas, un acuerdo acerca de la ejecución de la ley No. 392-7 que viola la Constitución de la República porque el Poder Ejecutivo ni el empresariado dominicano tienen facultades para modificar las leyes que rigen en la nación.
El Poder Ejecutivo y los empresarios tienen definitivamente que entender que no pueden estar por encima de la Constitución de la República, y que no tienen derecho, por conveniencias particulares, a celebrar acuerdos de aposentos en detrimento de la institucionalidad democrática de la nación. Si el presidente de la República y un sector del empresariado nacional entienden que debe modificarse la forma en que se ejecuta la ley 392-7, tienen que enviar al Congreso Nacional a través del Poder Ejecutivo que constitucionalmente tiene iniciativa de ley la modificación que entiendan pertinente y no pretender erigirse en órganos supremos capaces de decidir por encima de lo que establece la Constitución de la República.
El pueblo dominicano merece respeto, porque se lo ha ganado, ya está bueno de mantener por simple apariencia limpio y brillante el frente del edificio institucional de la nación, mientras las demás dependencias apestan arropadas por las inmundicias de las componendas y las complicidades al margen de la ley, el presidente Leonel Fernández y los empresarios que los acompañan en esta ilegalidad tienen que entender que no pueden seguir aparentando que son representantes y defensores del orden institucional, cuando en el fondo viven prostituyendo el ordenamiento jurídico de la nación.
La advertencia está hecha, después no pretendan rasgarse la vestiduras cuando el pueblo los llame por sus verdaderos nombres. Hipócritas!
Juan A. Medina V.
Santo Domingo, República Dominicana.
1 de septiembre 2010.
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Posted by Juan Medina
on Sep 2 2010 Filed under POLITICA.
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