LA CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA
La carta democrática es el instrumento fundamental que, desde su aprobación en el año 2001, utiliza la Organización de Estados Americanos (OEA) para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática en los Estados que la conforman.
Amparada en sus postulados la OEA suspendió como miembro de esa organización al Estado de Honduras, a raíz de la destitución del Presidente Manuel Zelaya, la cual consideró como un golpe de Estado que interrumpió el orden institucional y el estado de derecho. Esta suspensión se produjo a la luz del párrafo primero del artículo número veintiuno de la carta democrática que reza como sigue:
“ Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas hayan sido infructuosas, conforme a la carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de dos tercios de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato “.
Asumir, como en el caso de la crisis hondureña, que la institucionalidad democrática y el estado de derecho sólo se interrumpen cuando se lesiona la legitimidad del poder ejecutivo, podría convertirse en una patente de corso para el nuevo autoritarismo latino americano que con matices mesiánicos y populistas a resurgido con fuerza en varios países latinoamericanos, impulsado y sustentado por presidentes de diferentes facturas ideológicas, pero coincidentes en sus afanes continuistas.
La separación e independencia de los poderes del estado es la piedra angular de la institucionalidad democrática donde precisamente descansa y se apoya el estado de derecho, y cuando uno de esos poderes irrumpe en los espacios que la constitución le reserva a los demás, automáticamente se interrumpe el orden institucional y se suspende el estado de derecho.
El desacato por parte del poder ejecutivo hondureño, encabezado por el Presidente Zelaya, a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, así como del tribunal superior electoral interrumpieron el orden constitucional en la nación hondureña, y ese acto no puede ser pasado por alto al momento de tomar decisiones para resolver la crisis política que afecta a esa nación centroamericana. Si se acepta como buena y válida la actuación del señor Zelaya la paz y la estabilidad democrática del continente serán sacudidas por grandes cataclismos políticos.
La suspensión del estado de derecho y la interrupción del orden institucional democrático en Honduras no tienen su origen en la destitución del poder ejecutivo; el génesis de esa inconstitucionalidad se encuentra en el irrespeto de parte del poder ejecutivo al principio constitucional de la separación e independencia de los poderes.
Si el señor Zelaya hubiese estado interesado en la preservación de la institucionalidad democrática, hubiera tomado la iniciativa de activar los artículos diecisiete y dieciocho de la carta democrática que son los destinados a fortalecer y a preservar la institucionalidad en los estados miembros de la OEA.
Veamos.
Artículo 17 “ cuando el gobierno de un estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio de poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática “
Artículo 18 “ cuando en un estado miembro se produzcan situaciones que pudiera afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento“.
Por qué no se activaron estos artículos para prevenir la crisis que hoy sacude a la nación hondureña ? Sencillamente porque la política exterior de los países latinoamericanos es un coto exclusivo de los Presidentes de la República, quienes nombran a los cancilleres y a los embajadores ante la OEA, y como el poder ejecutivo era el que estaba poniendo en riesgo la estabilidad democrática de su país, éste no iba a tomar ninguna iniciativa a través de su embajador ante la OEA para activar los artículos más arriba señalados.
Faltó una voz responsable en el seno de la OEA que le advirtiera claramente al Presidente Manuel Zelaya, que los instigadores que tanto lo alentaron en su loca aventura continuista lo iban a conducir por el camino de su waterloo político, y que con ello arrastraría a su nación a una innecesaria crisis política, de impredecibles consecuencias, a tan sólo cinco meses de estar pautada la celebración de la elecciones presidenciales.
La crisis hondureña se ha convertido en un monumento a la insensatez y la torpeza. Insensatez de parte del ex presidente Zelaya al continuar en su afán, a todas luces inconstitucional, de celebrar la consulta electoral que él impulsaba, torpeza de parte de los demás poderes del estado que los destituyeron de su cargo sin hacerle un juicio político y torpeza de la OEA que no llevó a cabo una verdadera gestión diplomática, tal como se establece en el artículo veintiuno de la carta democrática, para buscarle una salida constitucional y negociada a esta crisis.
Pretender reponer al Presidente Zelaya pura y simple, como si éste no hubiese roto un sólo plato en la crisis hondureña o mantener la situación actual contra viento y marea en vez de solucionarla, la profundizará. Las partes en conflicto deben deponer sus actitudes y pensar en la paz social y política de su nación y los sectores que le están buscando solución a la crisis no pueden tener, bajo ninguna circunstancia, culpables o inocentes preferidos.
Todos los sectores que fomentaron la grave crisis política que amenaza la paz y la estabilidad del pueblo hondureño, deberían tener el valor y la decencia de aceptar sus culpabilidades, renunciar a sus ambiciones personales y darles paso a nuevos actores que tengan la suficiente credibilidad y confianza para conducir a esa nación por el camino de la estabilidad democrática.
Juan Medina
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