LA CRISIS POLITICA HONDUREÑA

La constitución hondureña consigna en uno de sus artículos  la forma en que ésta puede ser modificada. Cualquier poder del estado que intente modificarla al margen de lo que ésta establece incurre en un acto inconstitucional y está sujeto a responsabilidades políticas y penales.

La crisis que afecta al pueblo hondureño tiene en su origen precisamente en el intento del poder ejecutivo de convocar, al margen de la constitución, una consulta popular que le legitimara la convocatoria de una asamblea constituyente con el objetivo de constitucionalizar la reelección presidencial. La asamblea constituyente y la reelección presidencial no están contempladas en la constitución hondureña.

Este conflicto electoral fue llevado al seno de la justicia y los tribunales hondureños determinaron que la convocatoria de esta consulta popular, eufemísticamente llamada encuesta por el señor Zelaya,  era violatoria a la constitución de la República. Esta decisión fue apelada por la parte interesada en diferentes instancias judiciales, hasta que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia que ratificó mediante sentencia la inconstitucionalidad de la encuesta.

La sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia que está revestida de la cosa definitivamente juzgada no fue acatada por el Poder Ejecutivo. El desacato de un acto de otro poder del estado por parte del Poder Ejecutivo viola el principio constitucional de la separación de los poderes, lo que constituye una flagrante violación a la constitución de la República, causa principal del enfrentamiento de poderes que culminó con la destitución del Presidente Zelaya.

Sin embargo la comunidad internacional le ha dado su apoyo incondicional al Ex Presidente Zelaya, separado del poder y expulsado del país en el clímax de esta crisis cuando perdió el apoyo de las fuerzas armadas, institución responsable del transporte, vigilancia y seguridad del proceso electoral, que se negó a distribuir las boletas que se iban a utilizar en la llamada encuesta, alegando que la orden del presidente de distribuir esas boletas violaban una decisión del tribunal Nacional de Elecciones, el único facultado por la constitución y las leyes para ordenarle a las Fuerzas Armadas su apoyo a organizar los  procesos electorales. A esta negativa respondió el poder ejecutivo con la destitución del jefe del estado mayor conjunto, quien con el apoyo del ministerio público elevó un recurso de amparo por ante la sala constitucional de la suprema corte de justicia, que evacuó una sentencia ordenando al presidente Zelaya la restitución en su cargo del militar separado por considerar que su destitución del cargo se hizo al margen de la constitución y las leyes.

Entiende la comunidad internacional que la separación del poder y la expulsión del país del Ex Presidente Zelaya interrumpió el orden constitucional y que esta acción constituye un verdadero golpe de estado,  y que éste debe ser pura y simplemente repuesto en su cargo. Si acogemos como bueno y válido el  punto de vista de la comunidad internacional tenemos que llegar a conclusión de que estamos en presencia del más atípico de los golpes de estado, porque con excepción del Poder Ejecutivo los demás poderes del estado funcionan normalmente y no han sufrido alteración alguna.

Los golpes de estados a los que nos tienen acostumbrados los militares latinoamericanos  van acompañados de la disolución de los poderes del estado, el ascenso al poder de un jefe militar o de una junta de jefes de militares sustentada por la represión, el asesinato y la persecución política. Hasta donde tenemos información, esta no es la situación que se vive en Honduras, inclusive la semana pasada vimos en las noticias difundidas por el sistema de cable a la esposa del destituido presidente encabezando, tocada de un elegante sombrero, una manifestación de apoyo a su esposo. Imagínense a la viuda del presidente Allende, mártir de la democracia Latinoamericana, encabezando una manifestación de protesta en contra del derrocamiento y muerte de su esposo durante el sangriento golpe de estado perpetrado por los militares chilenos en contra del gobierno de la Unidad Popular.

Desde el presidente Chávez, que intentó darle un cruento golpe de estado al presidente electo de Venezuela Carlos Andrés Pérez,  hasta el presidente Obama consideran que la destitución del Presidente Zelaya constituye un precedente funesto para el sistema democrático de la región; ahora bien, me gustaría que alguien me contestara si un presidente que desacata las resoluciones y las sentencias de los poderes constitucionalmente establecidos es un buen precedente para la comunidad democrática. Un presidente democrático como se pretende vender orondamente el señor Zelaya acepta o apela las decisiones tomadas por otros poderes en contra de las acciones ejecutadas por el poder ejecutivo, pero jamás las desacatas.

Lo más relevante de esta crisis es que deja al desnudo la falta de voluntad política y la incapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) de encontrarle soluciones satisfactorias y legales a conflictos de esta magnitud. La OEA  estaba debidamente edificada de la confrontación de poderes que se estaba desarrollando en la nación hondureña; es más fue apoderada del caso y no hizo absolutamente nada para evitar o solucionar el grave problema político que afecta  las instituciones de esa nación centro americana.

Todo el mundo sabía que el destituido presidente y sus seguidores, por encima de la decisión de la Suprema Corte de Justicia y con la oposición de la totalidad de las instituciones hondureñas, iban a intentar la celebración del inconstitucional plebiscito que le puso la tapa al pomo a la confrontación de poderes que se estaba desarrollando en ese país  y ningunos de los organismos e instituciones internacionales que tenían calidad y autoridad para evitar que esta confrontación se convirtiera en la terrible crisis política e institucional que afecta a esa nación, se preocupó de mediar para solucionar el conflicto. Si las fuerzas armadas hubiesen apoyado al presidente en su aventura plebiscitaria hoy en Honduras ardería Troya.

En algunos países latinoamericanos se ha venido aposentando una especie de cesarismo presidencial que está creando una serie de conflictos políticos que amenazan la estabilidad y la paz de varias naciones. Presidentes electos bajo constituciones que no permiten la reelección presidencial, inmediatamente ascienden al poder modifican esas constituciones, la mayoría de las veces utilizando los recursos del estado, para lograr imponer sus ambiciones continuistas constitucionalizando reelecciones sucesivas. Este fue el modelo que quiso imitar el presidente Zelaya que, insólitamente a cinco meses de pautada la celebración de las elecciones presidenciales y a seis del ascenso al poder del presidente que resultara ganador de este certamen, se embarcó contra viento y marea a la celebración de un evento que la Suprema Corte de su país había declarado inconstitucional.

Gran dilema el de los sectores que están tratando de buscarle una salida constitucional a esta crisis política. Se acepta la destitución del presidente Zelaya como un acto legítimo por éste haber violado la constitución de su país, o se repone en su cargo a pesar de haber desacatado sentencias y resoluciones de los poderes legislativo, electoral y judicial? Si la sensatez y el buen juicio no se apoderan de los actores y los mediadores que participan en esta crisis, la nación y el pueblo hondureño sufrirán las consecuencias. Ojalá, quiera Dios que no suceda, que la cura no sea peor que la enfermedad.

Juan A. Medina V.

El autor de este artículo fue dirigente sindical, congresista, vice-ministro de turismo y gobernador de la provincia de Puerto Plata, República Dominicana,  en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano.

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Posted by Juan Medina on Jul 12 2009 Filed under POLITICA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry